Del centenar de procesos por responsabilidad fiscal, se destacan siete que ascienden a los de $53.766 millones.
Un total de 101 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía total de $163.239 millones adelanta la Contraloría General de la República en el departamento del Cesar.
Las irregularidades se presentan en procesos de contratación y ejecución de varios proyectos que tienen que ver con vivienda, salud y sistemas de generación de energía, entre otros.
De acuerdo con la entidad, son siete procesos de responsabilidad fiscal, por un total de $53.766 millones, los que se destacan y encabezan el listado.
Proyectos de vivienda
Inicialmente se adelantan dos procesos de responsabilidad fiscal por un valor total de $20.661 millones, por irregularidades en el desarrollo y construcción de viviendas de interés social.
El primero de ellos contra el Departamento del Cesar, por $20.010 millones, que tiene que ver con la construcción de la Urbanización Nuevo Amanecer Etapas 1 y 2, en el municipio de Aguachica. Aquí se determinó que la urbanización fue construida en un lote que no era apto, generando falencias como grietas y fisuras en los muros, inundaciones por aguas lluvias debido a que no se cuenta con un sistema de conducción a un vertedero final para las aguas lluvias, quedando estacadas, generando malos olores y afectaciones por humedad en las casas, que no permiten el disfrute adecuado de las viviendas por parte de sus beneficiarios.
El segundo, por $651 millones, se relaciona con la administración de recursos de subsidios de vivienda rural, en ocho corregimientos del municipio de Valledupar por parte del Banco Agrario de Colombia. Se detectó que se presentaron irregularidades en la construcción de 58 viviendas, las cuales presentan obras faltantes, defectuosas y con deficiencias constructivas.
Sistemas de generación de energía
Asimismo, por irregularidades en la implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica en el departamento de Cesar, la Contraloría lleva dos procesos de responsabilidad fiscal por un valor total de $11.072 millones.
Uno de ellos contra el Municipio de La Paz, por $10.423 millones, debido a que la obra presenta posibles sobrecostos por aplicación de AIU (administración, imprevistos y utilidad) en suministro de equipos de energía solar, así como en la adquisición de los equipos del sistema de energía solar y debilidades en la planeación y no sostenibilidad en el tiempo del proyecto de energía solar.
El otro proceso a destacar en este campo es el que se lleva en contra del Municipio de Agustín Codazzi, por cuantía de $649 millones. Aquí se evidenció que el Municipio, durante la etapa precontractual, no efectuó los estudios de mercado respecto de los equipos requeridos para la ejecución del proyecto, lo que condujo a la existencia de sobrecostos en la adquisición de los productos de algunos de los ítems del contrato, tales como los paneles solares, las baterías de litio, los controladores e inversores de carga, así como en el trasporte de las baterías de litio desde la ciudad de Barranquilla.
Obras en salud
Se destacan también dos procesos de responsabilidad fiscal contra el Departamento del Cesar: uno por $10.375 millones, por irregularidades en la construcción y funcionamiento del Hospital José David Padilla Villafañe. En la ejecución del contrato se identificaron una serie de irregularidades tales como que, se obliga a la ESE a cubrir el 50 % de los costos de equipos y elementos necesarios para la habilitación y operación de las áreas de UCI, los cuales deben ser asumidos por parte del aliado estratégico; la no compra de los servicios de apoyo de diagnóstico y terapéutico, de procedimientos y demás servicios complementarios; daño emergente por concepto de arrendamiento o compensación del área física de las unidades de cuidado intermedio adulto, pediátrico y unidad de quemados; daño emergente y lucro cesante por el no funcionamiento de las mismas unidades.
El otro proceso, con cuantía de $2626 millones, es el de la construcción del centro de salud de La Loma, municipio de El Paso. Aquí la Contraloría determinó que la obra presenta incumplimiento y tiene defectos constructivos técnicos que afectan su funcionalidad.
Servicios públicos
La Contraloría también lleva proceso contra el Municipio de Agustín Codazzi, por $9032 millones, relacionado con la optimización de la planta de tratamiento de agua potable en esta localidad. En la ejecución de los contratos se presentaron una serie de irregularidades, tales como la dispersión de fondos a terceros, diferentes al contratista sin soportes del contrato de obra, liquidación del contrato de obra con deficiencias en ítems pagos y deficiencias en la calidad de obra, así como costos presupuestados y no ejecutados en el contrato de interventoría y remanente de pagos por error no devueltos.
